Por Horacio Acuña y Yimena Vignola
Construcción de alternativas de respuesta a la flexibilización
1. ¿Qué son las relaciones de producción?
Carlos Marx analizó la realidad social a partir de las relaciones prácticas de los hombres con la naturaleza y de los hombres entre sí. Estas relaciones, definió: “no dependen de la conciencia de los individuos, no son subjetivas y tampoco poseen el carácter objetivo de una cosa”. Y explicó además que aquellas son la resultante de la interacción real entre los individuos en las condiciones de su actividad.
2. La relación burgués – proletario
Las relaciones entre los hombres, son relaciones de producción, define Marx. La estructura social deviene entonces en un modo de producción determinado por las fuerzas productivas.
La crisis del capitalismo generaría la disminución del beneficio medio del capitalista, y daría pie al proletariado activo para cumplir con su misión histórica de conquistar la liberación económico-social.
En nuestra interpretación del modelo hegemónico económico y social aplicado en los 90 en América Latina y también en nuestro país, cuando los modos de producción no acompañan el desarrollo de las fuerzas productivas, se convierten en una traba y desatan el conflicto que deviene en endurecimiento de condiciones de trabajo y en instauración de modelos más duros o menos equitativos de administración y distribución económica, protegiendo el capital y tendiendo a la desarticulación de las organizaciones sindicales, mediante leyes regresivas y anti solidarias (AFAPs, Flexibilización, Tercerización, enajenación de patrimonios estatales, retirada del Estado de la protección del trabajador y del trabajo como valor social, etc.).
En la década de los años 90 los Estados gobernados por las ideologías con base en los preceptos de la doctrina económica y social del capitalismo eclosionaron, dando pie a la instauración “democrática” de una Dictadura efectiva de las clases dominantes que a lo largo del capítulo histórico de la lucha por los derechos de los trabajadores, habían sido obligadas a soportar las organizaciones de clase de estos.
En los 90, la democracia burguesa, que ya se dirigía a una crisis de transformación donde las alternativas se bifurcaban en un avance hacia el endurecimiento de sus condiciones, o hacia la instauración de un sistema socialista identificado con los obreros y el mundo del trabajo, optaron por el sacrificio de avances en materia de derechos laborales para proteger intereses de las clases dominantes.
En los años 2000
Aquí se manifiestan las peores consecuencias de aquellas políticas neoliberales que comenzaron a aplicarse en la década anterior. Reducción de fuentes de trabajo, dificultad de los gobiernos para controlar el desarrollo de la inflación, fuerte proceso de desindustrialización que golpeó a los sistemas productivos de países periféricos como Uruguay que no tenían ni podían generar políticas de contingencia.
En nuestro país aquellas comunidades que poseían sistemas de producción más diversificados y con base agrícola, o poseían infraestructura adecuada para servicios, y aun sin poseer organizaciones sindicales de presencia fuerte en el medio, pudieron generar alternativas de respuesta-salida que les permitieron capear mejor la tormenta.
De todas maneras la crisis de 2002 afectó por igual a todas las comunidades.
En Paysandú, departamento que aun hoy, año 2010, añora su pasado industrial, no hubo, porque no se los previó –y quizá nadie quería imaginar el peor escenario-, mecanismos de contingencia para el fatal embate desindustrializador.
El cambio de orientación política, virando timón hacia el progresismo, en América Latina y Uruguay, abrió la puerta a nuevas alternativas de organización en torno a la producción; surge el movimiento de empresas recuperadas por los propios trabajadores (FUNSA en Montevideo, Trabajadores de la ex URRETA en Salto, entre otros). No conocemos casos de estas características en Paysandú y los motivos conformarán el corpus de trabajo de otra entrega de estos artículos. Lo que sí se generó a nivel nacional como política de gobierno fue el espaldarazo, mediante MIDES, a la creación de cooperativas sociales.
1. Cooperativas sociales como respuesta
En la estrategia política trazada por el gobierno progresista, el impulso dado a la creación de las cooperativas sociales vía MIDES pretende desarticular y enfrentar las políticas neoliberales y amortiguar sus efectos -en el caso de aquellas que no han sido suspendidas o discontinuadas (ejemplo de esto son las AFAPs) debido a impedimentos jurídicos de fondo-. Sabemos que uno de los efectos de las políticas neoliberales ha sido la generación de exclusión social, necesaria para la supervivencia del propio sistema capitalista. El individuo excluido difícilmente accede a un “puesto clásico” de trabajo, a veces el individuo renuncia o ni siquiera reúne las condiciones necesarias para formar parte de una cierta “clase trabajadora”.
El progresismo montó una serie de políticas sociales con el objetivo de incluir a los excluidos, surge el dilema de “hacer la revolución” o adaptar aquellas a las reglas del sistema capitalista. El dilema es falaz, pues el progresismo accede al gobierno a través de las pautas de la propia burguesía y eso implica jugar con las reglas del capitalismo, aun con su archiconocida crisis.
En este contexto surgen las cooperativas sociales. Estos grupos constituidos por individuos excluidos del sistema de producción buscan ser incluidos ofreciendo su fuerza de trabajo como valor de cambio. En un principio el Estado asiste haciendo las veces de patrón y acompaña el andar de estas cooperativas hasta que logran independizarse y pueden autogestionarse. Es aquí cuando logran ingresar al sistema y comenzar a formar parte de él.
La pregunta que nos hacemos es si en este andar de progresismo por caminos de capitalismo se garantiza el fortalecimiento de la clase obrera o contrario sensu se la desdibuja de tal manera que se termina por reforzar la idea de la no existencia del fundamento marxista de la historia de la humanidad, a saber, la lucha de clases.
