Por Iván Sánchez
El gobierno nacional promueve vía ley de Presupuesto, la creación de la figura de los “delegados presidenciales”. Desde el discurso oficialista se trataría de una persona en cada Departamento encargada de coordinar territorialmente, las políticas diseñadas sectorialmente desde el centro. Se apunta a potenciar las políticas productivas y sociales desde un conocimiento concreto de su implementación en escala subnacional y local. La iniciativa se ubica en el marco más general de Reforma del Estado, y desde el gobierno se fundamenta desde una posición eficientista e instrumental del Estado, minimizando el componente político ideológico. La reforma continuaría en el sendero de la eficiencia de los recursos públicos para lograr impacto de las políticas productivas desde lo territorial y lograr mayor universalización de las políticas sociales.
Desde filas de la oposición, esta iniciativa ha sido abordada desde dos perspectivas. Por un lado el componente político, desde cómo se verían afectadas las futuras relaciones de poder, y por otro lado, un componente pragmático sobre la trayectoria reciente de la descentralización. Se entiende desde esta ópticas que la figura de los “delegados presidenciales” es una iniciativa que responde al cálculo político electoral del gobierno a partir de las departamentales y municipales de mayo (2010), con la intención de eclipsar la popularidad de los intendentes electos en su mayoría del bloque tradicional. En segundo lugar la iniciativa, iría contra la descentralización incipiente que el país viene desarrollando desde la redemocratización, específicamente contra la autonomía de los Intendentes Departamentales como responsables del desarrollo local.
El objetivo de esta columna es ofrecer una serie de claves para abordar la temática. En primer lugar ordenar el tema reforma del estado en el eje izquierda –derecha ¿qué caracteriza una reforma del Estado conservadora? ¿Qué caracteriza una reforma del estado de tipo progresista? ¿Qué significa la descentralización en cada una de las corrientes? En segundo lugar expondremos el paradigma de la descentralización en el Uruguay, y la ruptura con el ascenso de la izquierda. Y ensayamos sobre el reacomodo del sistema político - partidario luego del ciclo electoral 2009-2010. Entendemos que en estos dos puntos podemos encontrar las claves conceptuales y contextuales para entender a unos y otros actores entorno a este tema “delegados presidenciales”.
II. La reforma del Estado.
Con al agotamiento de Estado de Bienestar y el keynesianismo como modelo económico (EBK), entraría en el tapete de las agendas políticas del mundo, la necesidad de reformar el Estado. En una primera instancia (años 80 y 90) los principales promotores fueron las IFIs como el BM, el BID, y el FMI y ciertos intereses nacionales acordes a los intereses de aquellos. En esta instancia hablamos de una reforma del Estado enmarcada en el neoliberalismo como modelo macroeconómico orientado al libre mercado. Se proponía la privatización de empresas y servicios públicos, la desregulación de los distintos mercados (laboral, monetario, exterior etc.), la focalización de las políticas sociales, y la descentralización administrativa y fiscal de las responsabilidades del Estado. Observamos que la descentralización aparece como un instrumento más para la economía liberal, con la que se busca liberar al mercado y que este se distribuyan territorialmente según el comportamiento de la oferta y la demanda, además de internalizar los costos. La descentralización llevaba inevitablemente a la privatización, dado que el Estado central se retrae del compromiso social, el que sin contrapartida es asumido por gobiernos provinciales, estaduales o departamentales, los cuales, carentes de capacidad financiera e institucional delegan en lo privado.[i]
Por su lado la izquierda iría modificando su universo ideológico y se trasformaría en la “izquierda aggiornada”, “socialdemocracia”, o en nuestro continente seria “la nueva izquierda latinoamericana”, producto de varios factores. Entre ellos vale resaltar dos. Las izquierdas de la Europa continental y América latina sufrieron las dictaduras militares de derecha, lo que las llevó a repensar su postulado de “dictadura del proletariado”. Por otro lado, la caída del muro de Berlín y el fin del socialismo soviético, provocó la pérdida de referencia y la desesperanza de un modelo alternativo. Todo confluyó en la sustitución por la participación directa o democracia de base por la dictadura de clase, en la coalición de clase por la revolución, en el socialismo estatista por una socialdemocracia neokeynesiana.[ii] No abandona el rol activo del Estado y de las empresas públicas, pretende la distribución del ingreso, la negociación colectiva, la universalización de las políticas sociales. Se valora también la eficiencia del Estado, y su incentivo para cooperar con el sector privado en planes estratégicos de producción, competitividad internacional e integración social. La descentralización es una forma de profundizar las políticas elaboradas desde el centro y una forma romántica de resurgir democrático.[iii]
III. La Descentralización y cálculo político en el Uruguay.
En el país ha predominado la lectura neoliberal de la reforma del Estado. Desde 1985 hasta el asenso de la izquierda en 2005, el Estado se ha retirado de sus compromisos sociales, hubo intentos de privatización de las empresas públicas, y una desmedida apertura económica. Esto sumado sus consecuencias de desindustrialización, desempleo y desintegración y desigualdad social, llevaron al nuevo rol de los Gobiernos Departamentales principalmente en la generación de empleo y bienestar social.[iv] Aquí debemos detenernos en dos fenómenos que nos ayudaran a entender la posición de la oposición entorno ala tema delegados presidenciales. Por un lado ese “nuevo municipalismo” a la uruguaya produjo una proyección política nacional de los intendentes departamentales[v]. Por otro lado se observaba que las élites políticas nacionales de los partidos tradicionales no podían evitar el crecimiento de la izquierda, y que su nicho electoral que las mantenía en el gobierno, se encontraba predominantemente en el interior. Esto forjó la separación de las elecciones departamentales de las nacionales y la constitucionalizaciòn de la descentralización como instrumento de desarrollo.[vi]
Observando el nuevo escenario político se podría sostener a grandes rasgos que estamos ante una capital progresista y un interior tradicional. La derecha recuperó parcelas de poder principalmente desde las elecciones departamentales y sus nuevos líderes y sus líderes emergentes son piezas elementales para reconquistar el poder nacional.[vii] La izquierda postula un “delegado presidencial” con el cual las políticas nacionales se podrían coordinar territorialmente, permitiría un vínculo más directo de las necesidades locales y los poderes centrales. Obviamente que estos cuestionarían el liderazgo de los
“intendentes emprendedores” exitosos, porque estaríamos ante una autoridad territorial bicéfala que responden a legitimidades, lógicas y tiempos distintos. Los ciudadanos con intereses creados ya no tendrían únicamente a los Intendentes sino también a los delegados.[viii] Los delegados se encargarían de optimizar políticas productivas y sociales del gobierno nacional en cada departamento, por lo que existen altas probabilidades de que recojan gran parte de las cosechas electorales.
Igualmente existe un atropello por parte del gobierno, en el sentido de que se desdeña toda capacidad de iniciativa local, y se socava la confianza en el “nuevo rol de los municipios”, reproduciendo el voluntarismo desde arriba y la “estadocracia “uruguaya. La efectividad y la eficiencia se deben traducir en estrategias de costos bajos y mayores resultados. Muy difícilmente las políticas sectoriales emitidas por los ministerios y OPP sean coordinadas por una sola persona. Esto va a exigir un montaje de una estructura institucional (edificio, transporte, técnicos, responsables etc.) cuyos costos deberán ser inferiores a los generados por la descoordinación y presentados ante la ciudadanía.
Desde esta perspectiva ¿Por qué no se aumentan los fondos para los gobiernos departamentales y se le otorgan mayores facultades para coordinar políticas? ¿No cuentan con el fortalecimiento institucional y el staff gerencial suficiente? ¿Existe efectivamente una racionalidad electoralista desde el gobierno central? Los ciudadanos uruguayos debemos acostumbrarnos a que estamos en una partidocracia[ix] y por definición las políticas públicas difícilmente escapen del cálculo electoral, lo que expresa una naturaleza maquiavélica de los medios y los fines. La virtud está en equilibrar lo racional y lo razonable. Lo racional para el partido más razonable acorde a las necesidades de la población. En este caso no están en juego sólo los futuros réditos electorales, sino nuevamente dos tipos específicos de Estado, sociedad e individuo. Por un lado un Estado que descentraliza generando la competencia y la desigualdad entre regiones, fomentando una sociedad utilitarista. Por otro lado un Estado integral, con visión de país, que promueve una relación de cooperación entre niveles de gobierno, comprometido con las necesidades sociales, y que fomenta una sociedad en horizontalidad con el Estado.
[i] Un ejemplo claro de Esto fueron las reformas educativas descentralizadoras de Chile y Argentina en los 90.
[ii] Sobre esto recomendamos la lectura “La transformación de un gigante” de Juan Pablo Terra. Ediciones
Banda Oriental. 1990. Montevideo
[iii] Una síntesis de esta visión sobre la moderación de la izquierda y la reforma del estado puede verse en la entrevista realizada por “Voces del Frente” a Pedro Narbondo (Jueves 15 de julio 2010 - http://www.vocesfa.com.uy/No262/voces262.pdf).
También Jaime Yaffè “Al centro y adentro. La renovación de la izquierda y el triunfo del Frente Amplio en Uruguay”. Editorial Linardi y Risso. Montevideo, 2005.
[iv] Para comprender en profundidad este fenómeno en Uruguay recomendamos la siguiente lectura: Laurnaga, María Elena; Guerrini Aldo (1994): Del “buen vecino” al “intendente emprendedor”. El rol de los intendentes departamentales en la reforma del Estado. Revista Uruguaya de Ciencia Política Nº 7.
Montevideo.
[v] Los ejemplos más acabados de estos son: Tabarè Vázquez, Nin Novoa, Jorge Larrañaga, Tabré Viera,
Carmelo Vidalin, Villanueva Sarabia, Omar Lafluff, Chiruchi, entre otros.
[vi] Léase “Reforma Constitucional 1996. Textos comparados. Constitución vigente y reforma proyectada”. Presidencia de la República. Dirección nacional de impresiones y publicaciones oficiales. Mo0ntevideo 1997.
[vii] Considero que los casos más ejemplares son Lafluf, Zimer y Coutinho,
[viii] Es un tipo de co-habitación, donde cada una de las autoridades competiría por la legitimidad antes el ciudadano y el consecuente galardón electoral.
[ix] Léase Caetano, Pérez y Rilla (1988) La partidocracia uruguaya. Historia y teoría de la centralidad de los partidos políticos. CLAEH. Nº 44. Uruguay
