Por Horacio Acuña y Yimena VignolaLa malparida, producción originalísima de Pol-Ka Producciones y Canal 13 de Bs. As., una historia que comienza hace veinte años, cuando una mujer de bajos recursos se enamora profundamente de un hombre rico, pero el amor no es suficiente y él elige casarse con otra, alguien de su misma “high class”. Entonces la mujer, tan pobre como enamorada, muere de amor.
Veinte años más tarde Renata (Juanita Viale), la hija de la mujer, se propone ponerle fin a tantos años de dolor y ausencia materna. Es por eso que decide hacer justicia utilizando como única arma su belleza. Gracias a este rasgo distintivo logra trabajar para Lorenzo (Raúl Taibo) el hombre que tanta tristeza le trajo a su madre y, de ahí en más, se propone llevar adelante un plan de venganza y pagarle con la misma moneda. Pero la joven no cuenta con un obstáculo que puede arruinar su plan: conocerá a Lautaro (Heredia) el amor de su vida, ni más ni menos que el hijo de aquel que tanto odia.
Estos son los dislates que sustentan un enlatado “popular” de la TV del Río de la Plata. ¿Y por acá por casa? se ve esto y los informativos –dejemos para otro capítulo a Tinelli- donde por estos días se nos traslada al mundo nunca del todo comprensible de la política doméstica y la muy controversial elaboración y discusión previa a la aprobación del Presupuesto de la nación que el Gobierno debe presentar y que determinará los recursos económicos para el quinquenio. Dos parecen ser los temas que se llevan la gran atención –de quien esté atento- de la opinión pública:
1. Presupuesto para salarios de lo empleados públicos, que aparecen siempre como voraces individuos dispuestos a llevarse injustamente y sin merecerlo la gran porción de la torta del PBI
2. Presupuesto destinado a la seguridad y defensa (donde otra vez vuelve la conflictividad pues hasta los acartonados militares se animan a estirar la mano ante un Gobierno discreto a la hora de ofrecer)
Ante la segunda situación, que ha generado gran incomodidad en los círculos militares, el Gobierno aclara: no es revanchismo, pero a juicio del general retirado Ricardo Galarza, presidente del Círculo Militar “hubo un ocultamiento deliberado y con revanchismo por parte del Gobierno”. En tanto, el senador oficialista Eleuterio Fernández Huidobro reaccionó duramente, y negó de modo tajante tales acusaciones, al tiempo que señaló que “existe una clara intencionalidad en las declaraciones de Galarza”, y el objetivo de las mismas sería generar preocupación a nivel social e incluso artificialmente dentro de las propias Fuerzas Armadas, y como consecuencia, juega con fuego.
Desde el sitio espectador.com, el día 9 de setiembre, se señala que para el senador la sociedad uruguaya está más allá de esas falsas declaraciones. “No tenemos el más mínimo ánimo, tanto en las investigaciones que dieron lugar al descubrimiento de algunas cosas muy dolorosas en la Armada Nacional, a la que creemos que tenemos que cuidar como si fuera de porcelana”.
En el Uruguay, la opinión pública posee ciertas actitudes que tienden a mantener una alta adhesión de la ciudadanía al sistema democrático, pero están lejos de ser homogéneas y se combinan de forma muy variopinta. Investigando en la web nos encontramos con cifras de encuestas realizadas por el año 2004. En Uruguay a los ciudadanos que se denominan “demócratas” podemos reconocerlos en una masa poblacional que representaría algo así como un 80%, pero es sólo un 38% de todo el universo de ciudadanos activos los que se denominarían demócratas puros, y un 47% son disconformes o desencantados. Hay un resto poblacional de un 12% cuyas convicciones democráticas son débiles o decididamente no son demócratas, y su signo más preocupante es la educación, pues no han concluido el ciclo básico. La cultura política y democrática del uruguayo no es posesión de nadie, y ante tal panorama debiera tenerse seriedad por parte de quienes ejercen poder sobre ella, sobre todo cuando hay en el ambiente una sensación de tensión social y disconformidad, asentada quizá en las dificultades que ofrece el consumo al bolsillo del asalariado común.
Uno de los ejes que quizá nos permita entender esta situación de tensión tiene que ver con las condiciones precarias, que aún hoy con tantas garantías que ofrece el Estado uruguayo, imperan en nuestro país. El problema de la desregulación laboral o la flexibilización universal, no es más que el corolario consecuente de la "globalización", insertada en los grandes problemas que conllevan la producción y la distribución en los tiempos modernos.
Según la agencia EFE y La Prensa, el Gobierno cubano anunció que iniciará cambios en la política de empleo que pasan, entre otras medidas, por la reducción de más de 500.000 trabajadores en el sector estatal hasta el primer semestre de 2011.
La Central de Trabajadores de Cuba publicó el día 13 de setiembre un “pronunciamiento” que por primera vez oficializa los rumores que circulaban en la isla en las últimas semanas y que se traducen en la drástica reducción de las plantillas estatales.
Para paliar el efecto de los despidos se entregarán 460.000 licencias para todo tipo de trabajos por cuenta propia. Los cuentapropistas tendrán acceso a la seguridad social (jubilación incluida), podrán abrir cuentas bancarias, recibir préstamos, contratar personal e incluso formar núcleos del Partido Comunista en sus empresas.
En el Uruguay de la posmodernidad y la pos-flexibilización[i], y a consecuencia de un periplo histórico que no analizaremos aquí, tener un trabajo en condiciones de dignidad y mínima seguridad es tener un empleo público. El caso de Paysandú resulta paradigmático a los efectos de comprender este razonamiento: aunque existan acciones y actitudes de “resistencia”, el departamento sanducero ha pasado de ser un polo de desarrollo industrial y crecimiento económico pujante a nivel de la iniciativa privada, a transformarse en un espacio propicio para el informalismo, los empleos públicos dudosamente habidos o el trabajo zafral para empresas forestales o de otros rubros de la producción que se rigen mediante reglas del mercado neo liberal internacional. A consecuencia de lo anterior, entre otras situaciones, se asiste hoy a una suerte de reformulación de la vieja teoría de Maquiavello y el propio Marx: ahora la lucha ya no se inscribe –por lo menos no exclusivamente- sólo al ámbito de la dicotomía obrero-patrón, y se reescribe en un nuevo antagonismo entre trabajadores, y su eje es la lucha por los lugares: hay pocos lugares de “privilegio” y muchos individuos disconformes con el que les ha tocado. La perestroika uruguaya promueve una cierta idea de Reforma del Estado que aun no queda clara. Desde el comienzo de su mandato el Presidente Mujica ha insistido que gran parte de la explicación de un Estado que no funciona es a causa de un funcionariado que no hace lo que tiene que hacer y además reclama más y si no se le da hace juicios “que pagamos todos”.
Parece que la lógica de todo este embrollo que nos hemos armado aquí en este artículo es la de el “todos contra todos” y no hay amigos, en todo caso “aliados” para conseguir objetivos y luego cada cual a su lugar, como en un culebrón. Mientras la trama del novelón de la realidad política del Uruguay se despliega ante nuestras narices, y no la vemos, en el canal de TV que más se ve en esta pequeña orilla del Río Uruguay discurre casi susurrante La Malparida, tejiendo una incomprensible venganza que enreda todo y va poniendo estupefactos a los televidentes, reformulando éticas y trastocando valores, preparando el terreno hasta la llegada del espectáculo del informativo y luego, ahora sí: Tinelli.
No lo olvidemos. Es, diríamos, un signo cultural del uruguayo.
[i] La desregulación del trabajo -meta prioritaria de las transnacionales-, desplaza las actividades productivas primarias a los países, donde fácilmente pueden imponer condiciones a los trabajadores. Al objeto de la realización de estos fines, las transnacionales utilizan la fuerza financiera o militar si es necesario, como instrumentos de persuasión, pero además, cuentan con sectores nacionales comprometidos con la estructura capitalista.
El Banco Mundial determina que: "Una flexibilidad acrecentada del mercado de trabajo es esencial para que todas las regiones emprendan reformas en profundidad". El Fondo Monetario Internacional expone: "Los gobiernos europeos deben lanzarse con audacia a una reforma a fondo de los mercados de trabajo. La flexibilidad de éstos pasa por la reformulación del seguro de desempleo, del salario mínimo legal y de la legislación que protege el trabajo".
