Por Martín Pereira Castro
Cuando sales a la calle y te prestas a recorrer la ciudad te encuentras con niños y adolescentes pidiendo monedas, a veces a cambio de algo, como por ejemplo por limpiar el parabrisas del auto, por cuidar la moto o auto en la parada de estacionamiento o, a veces, simplemente a cambio de nada. Puedes verlos en las esquinas de semáforos, a la salida de algún supermercado o negocio importante, en la calle principal, en la costa los fines de semana y en un sinfín de lugares más.
Este fenómeno urbano, que tiene una larga historia y tal vez se dé con mayor frecuencia y desde hace mucho tiempo en otros lugares, principalmente en aquellos de mayor concentración de población, ya forma parte de la realidad cotidiana de los salteños. Están ahí y son parte de nuestra vida también, como todo lo humano, animal, vegetal y todo
Las reacciones de la población son de las más variadas. Algunos transeúntes se sienten molestos por su presencia, otros le dan lo mismo y otros tantos, que por lo general andamos a las apuradas de aquí y para allá, naturalizando tal hecho como normal, aunque de vez en cuando reflexionamos sobre tal situación. Me estaba olvidando, pero queda otro grupo de personas, que me imagino deben de existir, se interesan más y los ayudan prestándole tiempo para escucharlos o ayudarlos de alguna forma.
Para interiorizarme del tema comencé a buscar alguna información que refiere a esta problemática, es así que me encontré con algunas precisiones que consideré importantes compartir con ustedes.
En primer lugar, vale mencionar que a nivel de estudio de esta temática existe una opinión generalizada, aunque no del todo aceptada entre los investigadores, de una distinción entre “niños en la calle” y “niños de la calle”. Los primeros hacen referencia a aquellos niños que tienen actividades de calle durante el día, pero de noche vuelven a su casa con sus referentes familiares. Es decir, son niños, niñas y adolescentes que en la noche pernoctan o en su casa o en algún lugar de referencia.
Por su parte, los niños de la calle son aquellos que están sin hogar y tienen los vínculos familiares rotos debido a la inestabilidad o a la desestructuración en sus familias de pertenencia. En algunos casos han sido abandonados por éstas y en otros casos ellos mismos decidieron irse. Comen, duermen, trabajan, hacen amistades, juegan en la calle y no tienen otra alternativa que luchar solos por sus vidas. Nosotros haremos referencia a los primeros, que en su gran mayoría son los que caracterizan la realidad de Salto. De todos modos mencionaremos algunos datos que incluyen a las dos categorías.
Según los informes de UNICEF, existen 100 millones de niñas y niños abandonados en todo el mundo, de los cuales 40 millones pertenecen a América Latina. Las edades oscilan entre los 10 y 14 años. La niñez “en” la calle, haciendo alusión a la distinción que hacíamos, es el grupo más grande. Es decir, trabajan en las calles pero mantienen relaciones cercanas con sus familias. La mayoría (aproximadamente un 75%) mantiene sus vínculos familiares, y aunque pasan mucho tiempo lejos de ellos, sienten que tienen un hogar. El restante 25% corresponde a las niñas y niños “de” la calle.
Ante tan lamentable realidad valdría preguntarse dónde quedan los derechos de los niños que tanto se hablan. Evidentemente una cosa son los documentos que consagran esos derechos como pueden ser la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y otra cosa muy diferente es la realidad. Es paradójico y hasta ilógico pensar que a medida que se avanza en otorgar ciertos derechos, en realizar políticas sociales dirigidas a estos grupos vulnerables, la realidad sigue golpeando y son cada vez más niños y adolescentes que viven en esta situación. Los esfuerzos no han sido suficientes e incluso seguimos asistiendo a violaciones sistemáticas de esos derechos.
Por ejemplo, todo niño tiene derecho a no ser separado de sus padres (Art. 9); a acceder a información y material que promueva su bienestar social, espiritual y moral, y su salud física y mental. (Art. 17); a que ambos padres asuman la responsabilidad de su crianza y desarrollo. (Art. 18); a la educación primaria gratuita y a facilidades de acceso a la educación secundaria (Art. 28); a una educación que desarrolle todas sus potencialidades. (Art. 29); a descansar, jugar y tener acceso a la cultura. (Art. 31). Estos son solo algunos derechos que para el caso de la mayoría de estos niños no se cumplen.[i]
Valdría preguntarse también a quién le compete la responsabilidad de hacer que esos derechos efectivamente se cumplan. Algunos podrían opinar que la familia es la principal responsable y que por lo tanto habría que actuar sobre los padres obligándolos a que cumplan con sus deberes de criar saludablemente a sus hijos. Otros podrían plantear que el responsable máximo de esta situación es el sistema capitalista que en su necesidad de generar riquezas, va excluyendo del mercado formal de trabajo a un sector importante de la
población y que estos niños no son más que el resultado de ese sistema injusto y perverso con los que menos tienen. Otro grupo de personas responsabilizan al sistema político en general y algunos ven el final de la cadena, desconociendo las causas profundas que están detrás y con un discurso más sencillo, responsabilizan a los propios niños de permanecer en tal situación. Lejos estamos aquí de buscar responsables y culpables, pretendemos únicamente describir una realidad que está junto a nosotros y sensibilizar sobre la misma, pues el peor error que podemos cometer es naturalizar estas situaciones. Hay muchas cosas que cotidianamente se naturalizan como por ejemplo, el desempleo, la violencia familiar, el no cumplimiento de algunas normas o leyes. Debemos desnaturalizar ciertas situaciones si queremos tener una visión diferente sobre las mismas.
Las opiniones no faltan y pueden ser muy variadas, pero si de algo no queda duda es que el Estado tiene que ser parte de la solución.
Al momento, en Uruguay existe el programa nacional “Niños, Niñas y Adolescentes en situación de calle” El objetivo general del programa es “contribuir al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, promoviendo su integración familiar y social, y potencializando sus capacidades a los efectos de revertir su condición de vulnerabilidad social”. El Estado comparte con una ONG la planificación, ejecución y evaluación de la política social en cuestión. En Salto la ONG encargada de llevar adelante tal programa es la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ). La misión del convenio entre el INAU y la ACJ es promover e instrumentar acciones que propicien la modificación de dicha situación y de las circunstancias que la provocan.
El organismo gubernamental propone dos modelos posibles de gestión, el modelo A que intenta que la totalidad de los niños se incorporen a estas propuestas de tipo integral en el plazo de un año, y el modelo B que intenta revertir las condiciones de vulnerabilidad en un plazo de tres años. Debido a lo complejo de trabajar con estas poblaciones y a las características de la realidad de Salto la ACJ decidió optar por la opción B. El equipo interdisciplinario que trabaja con estos niños, esta conformado por una trabajadora social, un psicólogo y educadores.
Por lo que se pudo averiguar en su mayoría, esos niños y adolescentes provienen de los siguientes barrios: Quiroga, Don Atilio, Salto Nuevo, Diagonal Lazareto, el área de Zona Este sobre todo de la Tablada y Fátima. Se está trabajando aproximadamente en el entorno de 65 y 70 niños, sin embargo, la cantidad de niños/as y adolescentes en esta situación son muchos más. Se estima que en Salto hay más de 500 niños en esa situación.
En el programa “Niños/as en situación de calle”, se constata un ejemplo de una cogestión -“decisión y ejecución con otros actores sociales/o instituciones estatales” -, entre el Estado (INAU) y la sociedad civil que se organiza en asociaciones civiles, en este caso Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ). Por un lado, INAU es quien diseña la política social, la que tiene lineamientos generales, además de proveer los recursos necesarios (aportes en dinero); por otro la ACJ ejecuta el programa con libertad, siempre y cuando esté dentro de los parámetros establecidos por aquél: “…no se le transfiere solo el dinero sino que también se le transfiere la forma y el contenido de cómo implementar esa política. De esta forma, ese actor político pasa a ser un instrumentador y no un decisor… Esta situación pone a las asociaciones civiles en el lugar de un actor político pero cuya función principal pasa a ser instrumentar y gestionar”.[i]
[i] Rivero, S. Metodología de Intervención Professional ficha: “El trabajo social y las nuevas formas de relación sociedad civil – Estado” universidad de la República. Facultad de ciencias sociales, 2005,pag12-13
[i] La Convención sobre los Derechos del Niño (o CDN) es un tratado internacional de las Naciones Unidas por el que los Estados firmantes reconocen los derechos del niño. La convención está compuesta por 54 artículos que consagran el derecho a la protección de la sociedad y el gobierno, el derecho de los menores de 18 años a desarrollarse en medios seguros y a participar activamente en la sociedad. La CDN reconoce a los niños como sujetos de derecho, pero convierte a los adultos en sujetos de responsabilidades. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.
